Compliance Penal
En HQC Consulting ayudamos a tu empresa a identificar, gestionar y controlar los riesgos penales derivados de su actividad, con el objetivo de garantizar el pleno cumplimiento de la legalidad vigente en cada uno de sus departamentos.
Marco normativo
Con la entrada en vigor, el 23 de diciembre de 2010, de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio , que modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se otorgó responsabilidad penal a las personas jurídicas, permitiendo perseguir y condenar las actividades delictivas cometidas tanto por los empleados como por los órganos de administración y dirección pertenecientes a la corporación, y por los terceros que tuviesen cualquier tipo de relación con ella.
Más tarde, con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo , que modificó de nuevo la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal —y en particular la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida por la LO 5/2010—, y que entró en vigor el 1 de julio de 2015, el legislador apuesta por la continuidad de dicha responsabilidad penal, pero introduce la necesidad de implantar programas de cumplimiento normativo en las personas jurídicas (corporate compliance programs), con el objeto de probar la actuación acorde a la ley, obtener la posible atenuación o exención de una futura responsabilidad criminal, evitar irregularidades mediante el compromiso de todos los participantes en la organización, y conocer los propios riesgos para establecer medidas de control.
Qué ofrecemos
Diseñamos e implantamos modelos de organización y gestión adaptados a la estructura y al riesgo real de cada empresa, incluyendo:
- Identificación y mapa de riesgos penales por área de actividad
- Protocolos de prevención y procedimientos de control interno
- Canal de denuncias y régimen disciplinario
- Formación y difusión del modelo entre los órganos de dirección y el personal
- Supervisión periódica y actualización del sistema
Por qué es relevante
Un programa de compliance penal correctamente implantado y ejecutado permite a la empresa acreditar ante los tribunales su actuación diligente, lo que puede determinar la atenuación o incluso la exención de su responsabilidad penal. Además, refuerza el compromiso de administradores y empleados con la legalidad, reduce la exposición a irregularidades y permite a la organización conocer sus propios puntos débiles antes de que se materialicen en un riesgo real.